(Por: Prensa Concejo) – En el Recinto de Deliberaciones, el Concejo Municipal se reunió la pasada semana con Carlos Chiarulli, director provincial de Zona Norte de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia y Claudio Llera, asesor del diputado Eduardo Di Pollina. El objetivo del encuentro fue debatir sobre el uso de agroquímicos y los efectos de su utilización sobre la población y el medio ambiente.
“Cuando no se quiere modificar la legislación actual, que es bastante deficiente, empiezan a aparecer las demandas de la gente, y terminan siendo los jueces quienes definen cuál es la distancia óptima para fumigar cultivos, y las decisiones son muy diversas”, comenzó diciendo Chiarulli. No obstante, afirmó, el criterio de la distancia no es el más sólido y la diferencia entre 300 y 500 metros, por ejemplo, no ofrece grandes cambios en lo que hace a contaminación del ambiente.
Luego, haciendo referencia a herbicidas como el glifosato, el Director Provincial señaló que su utilización se incrementó exponencialmente con el tiempo, lo cual tiene que ver no solo con la expansión del área sembrada, sino también con un modelo hegemónico de agricultura. “Una Ley de fitosanitarios debería controlar que los agrotóxicos dañen lo menos posible. No se le puede pedir la revolución agrícola o un cambio de modelo, pero sí que preserve la salud de la población, la no contaminación de suelo y cuerpos de agua y la no afectación de alimentos”, manifestó.
Seguidamente, Chiarulli juzgó que se trata de un problema complejo, pues se enfrenta el derecho a no sentirse agredido por agrotóxicos de quien vive en un radio urbano con los intereses del productor agrícola, quien muchas veces no conoce otra forma de producir. Así tiene lugar la tensión entre los ámbitos urbano y rural, determinado por el avance de un sector sobre el otro. “Muchos Municipios y Comunas no quieren legislar sobre esta cuestión, porque esto les genera un conflicto político”, expresó.
De acuerdo con el funcionario, fijar una distancia mínima en la cual no puede haber aspersión de agroquímicos obliga a hacer un reordenamiento del territorio; es decir, cuáles son las áreas que se dispondrán para cada tipo de actividad (servicios, industrial, residencia, rural, etc.), pues algunas de ellas son incompatibles entre sí.
Debe encontrarse una solución intermedia, por medio de un acuerdo entre todos los sectores, que permita acercar a dos posturas contrapuestas: la de quienes apoyan ciegamente el uso de agroquímicos y la de quienes abogan por la prohibición total de su uso. “El criterio será siempre el del sentido común. Sabiendo que no siempre resulta posible evitar la totalidad de la contaminación, por el juego de intereses existente, una normativa sobre el tema debería garantizar que la población se contamine lo menos posible, y debe aspirarse a que la fumigación, cuando exista, sea solo terrestre y no aérea”, finalizó Chiarulli.
