Informe de la Fiscalía V – La violencia contra las mujeres
“Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo” (Elie Wiesel).
La violencia contra las mujeres es un problema de derechos humanos, seguridad y salud pública que alcanza proporciones epidémicas, dejando una estela de secuelas físicas, emocionales y sociales entre las mujeres, sus familias y la sociedad en general, de dimensiones preocupantes. Es un problema que debemos conocer, reconocer y abordar con todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance.
Para dimensionar la problemática, podemos atender a las siguientes cifras:
Durante 2015, se registraron 414 denuncias por delitos cometidos con violencia de género y/o familiar en la ciudad de Rafaela.
De ellos:
– 142 fueron lesiones (2 de ellas graves).
– 226 fueron amenazas (de ellas, 22 fueron amenazas calificadas y 5 coaccionantes. 25 casos incluyeron lesiones).
– 48 delitos fueron de abuso sexual en Rafaela (de los 81 registrados en el Departamento). Seis de ellos fueron con acceso carnal. En 22 casos, la víctima fue un menor de 16 años (2 gravemente ultrajantes y 3 con acceso carnal).
– Durante 2016 (hasta el 24 de mayo), en la ciudad de Rafaela se registraron 241 delitos cometidos con violencia de género y/o familiar (no se incluyen los casos de impedimento de contacto ni los de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar). En algunos casos, la víctima no necesariamente es mujer (por ejemplo, un niño abusado por su padre).
De ellos:
– 70 incluyeron lesiones (1 de ellas graves).
– 130 fueron amenazas (de ellas, 8 fueron calificadas, 2 coaccionantes y 19 en concurso real con lesiones).
– 13 casos fueron de desobediencia a mandatos judiciales.
– 18 delitos fueron cometidos contra la integridad sexual (7 de ellos contra menores de 16 años; 2 gravemente ultrajantes; y 3 con acceso carnal).
Compromiso con la lucha de las mujeres
Si bien las violencias a las que son sometidas las mujeres suponen un fenómeno que excede lo penal y su erradicación definitiva depende de la total toma de conciencia por parte de la sociedad, la Unidad Fiscal Rafaela renueva su compromiso con la investigación y sanción de delitos cometidos con violencia de género y, de esa manera, contribuir a la solución de tales conflictos desde el lugar institucional que ocupa.
Una de las principales medidas adoptadas por la Fiscalía Regional es la disposición de una fiscal adjunta dedicada exclusivamente a esta problemática. Es así que desde marzo de este año, la ciudad de Rafaela y el departamento Castellanos cuentan por primera vez con una fiscal y empleadas dedicadas exclusivamente a la investigación y persecución de casos cometidos con violencia de género (Oficina Especializada en Violencia de Género, Sexual y Familiar de la Unidad Fiscal), lo que implica un cambio rotundo en la forma y prioridad que se asigna a la persecución de estos delitos.
La experiencia obtenida a partir de esta decisión de política criminal y el reconocimiento de la gravedad de la problemática, llevó a la Fiscalía Regional a asignar una Fiscal en forma exclusiva para este tipo de delitos también en San Cristóbal.
También como parte de una estrategia proactiva para abordar la problemática se ha procurado la articulación con otras instituciones estatales y asociaciones civiles, buscando mejorar la atención de estos casos, una mayor disponibilidad de recursos y un mejor aprovechamiento de los medios ya disponibles, incentivando y organizando la capacitación para agentes estatales y público en general, la difusión de la problemática y de las vías de atención, así una constante articulación con las demás agencias estatales para un abordaje responsable de las víctimas de estos delitos.
Esto se logró constituyendo una mesa de trabajo interinstitucional de la que forman parte las instituciones estatales de todos los niveles que abordan la violencia contra las mujeres (la municipalidad; el Poder Ejecutivo provincial; la policía provincial; Hospital; concejales; entre otros). Además se firmaron convenios de cooperación que permitieron articular el trabajo con psicólogos y profesionales de la Policía de Investigaciones (PDI); Defensoría del Pueblo; y la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), lo que redunda en una investigación más rápida y eficaz y en una mayor contención a las víctimas de los delitos cometidos con violencia de género.
Respuestas de la Fiscalía – Además, en la faz reactiva se obtuvieron:
– 10 condenas por casos de abuso sexual, contando sólo la Unidad Fiscal Rafaela. En el mismo período de tiempo, en el anterior sistema procesal penal se habían obtenido 5 condenas por delitos sexuales.
– Otros 5 imputados privados de su libertad en forma preventiva por delitos contra la integridad sexual sólo en lo que va de 2016.
– Numerosas condenas y medidas cautelares por casos de violencia de género desde la puesta en funcionamiento del nuevo sistema procesal penal.
– Más de 10 mujeres fueron rescatadas de la explotación sexual en procedimientos ordenados a partir de investigaciones complejas, con resultados más que positivos y que incluyó el primer caso en la Provincia de decomiso de los bienes producidos por la explotación. Esta es otra grave problemática que aqueja a las mujeres y ante la cual la Unidad Fiscal Rafaela actuó con decisión y constituye un delito que, además, suele tener vinculación con emprendimientos ilegales como la trata de personas.
Mujeres asesinadas
En relación a las mujeres que fueron asesinadas, víctimas del delito más grave que puede cometerse contra una persona y el cual ha cobrado la vida de más de 280 argentinas el último año, desde el 10 de febrero de 2014 (fecha en la que empezó a regir el nuevo sistema procesal penal), se registraron 8 casos de mujeres asesinadas en el ámbito de incumbencia territorial de la Fiscalía Regional:
– Irma Azugna fue asesinada en la ciudad de San Guillermo en marzo de 2014. En la investigación, la Unidad Fiscal San Cristóbal logró la individualización de los autores y, tratándose de menores de edad, se remitió el caso con las pruebas reunidas al Juzgado de Menores.
– Cintia Astudillo fue víctima de un disparo accidental por parte de su hermano en la ciudad de Rafaela en julio de 2014. Una vez probadas las circunstancias del caso, el imputado fue condenado.
– Ángela Piris fue asesinada con cinco puñaladas en Sunchales en diciembre de 2014. El imputado (su ex pareja) se encontraba cumpliendo prisión preventiva en Coronda en vísperas del juicio cuando decidió quitarse la vida.
– Micaela Bordino fue asesinada con un disparo de arma de fuego en la cabeza, en la ciudad de Rafaela en febrero de 2015. Durante la investigación, se descartaron las tesis del suicidio y el accidente esgrimidas por su pareja, quien se encuentra en prisión preventiva. La acusación fue presentada y se aguarda la realización del juicio oral.
– Pocos días después, en la ciudad de Ceres fue asesinada María Fernanda Chicco. Habiendo individualizado a la autora, quien era menor de edad a la fecha del hecho, la Unidad Fiscal San Cristóbal derivó el caso al Juzgado de Menores con las evidencias obtenidas.
– También en 2015, Sara Escobar cayó de un camión en movimiento llegando a San Cristóbal, lo que ocasionó su muerte. Se imputó a su pareja el haberla empujado. Se ha presentado la acusación y el acusado se encuentra en prisión preventiva.
– En la localidad de Villa Minetti fue asesinada con un golpe en la cabeza Daiana Altamiranda en noviembre de 2015. Se logró individualizar al imputado (un familiar cercano) quien se encuentra en prisión preventiva mientras se completa la investigación.
– Hasta aquí, en todos los casos de “femicidios” ocurridos en los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio se logró la individualización del autor. Y en todos aquellos cometidos por mayores, el imputado fue privado de su libertad. Con el mismo objetivo se trabaja en relación al más reciente hecho, del que fue víctima Nélida Zárate, asesinada el 9 de abril del año pasado. Al respecto, la investigación avanza, con importantes progresos pero bajo estricto secreto, aguardándose el resultado de las pericias ordenadas -entre otras medidas-.
Indudablemente estas medidas no bastan por sí solas para terminar con la violencia de género, por lo que todas las instituciones del Estado -incluido el MPA- y las organizaciones de la sociedad civil deben hacer cuanto esté a su alcance para atender a esta problemática tan cara para la comunidad toda y que afecta particularmente a un sector de esta, las mujeres, que hace siglos luchan por su definitiva emancipación.
Por todo esto hoy, como todos los días, nos sumamos al: Ni Una Menos.
