(Por: Rafaela Noticias) – La Sala A de la Cámara Federal de Rosario rechazó una apelación presentada por la defensa de Ana María T. de 40 años, detenida en noviembre del año pasado luego de un allanamiento practicado en una vivienda de calle Malvinas al 300 de la ciudad de Sunchales.
El operativo, que fue ordenado por la Fiscalía Federal de Rafaela y demandó una investigación de casi cuatro meses, terminó con la incautación de 323 gramos de marihuana distribuidos en un “ladrillo” y en cinco envoltorios de nylon; cerca de 100 gramos de cocaína dispuestos en 10 “bochitas”, junto a una balanza, teléfonos celulares, anotaciones y más de $40.000.
El Tribunal, Integrado por los Jueces de Cámara Fernando Barbará y Aníbal Pineda ponderaron que la libertad de la acusada, quien se encuentra con prisión preventiva desde el 24 de noviembre del 2021, tendría “efectos inmediatos” en el barrio donde habita, ya que existen pruebas importantes que acreditan “su posible comisión de delitos graves.”
El punto más relevante del fallo de los Jueces Barbará y Pineda aparecen en los fundamentos de su decisión, donde sostuvieron que, sin lugar a dudas, el narcotráfico es la madre de delitos que se originan producto de “la avidez de este tipo de delincuentes por perpetuar o mantener esa empresa criminal”.
Al referirse al narcomenudeo, la calificaron como “una etapa dentro del referido flagelo” y le endilgaron ser responsable de múltiples delitos violentos tales como homicidios, amenazas, abuso de armas, usurpación de propiedades, robos entre otros.
“Nadie duda que existe una vinculación directa entre la disputa territorial de bandas dedicadas al narcomenudeo y los homicidios, abuso de armas y amenazas que se multiplican en nuestra provincia” aseveraron los magistrados.
Asimismo, agregaron “El fenómeno del narcomenudeo no se circunscribe a los problemas de adicción o consumo (…) sino que también debe ser analizado desde los delitos conexos que genera”.
Barbará y Pineda reclamaron que el flagelo del narcotráfico no se soluciona persiguiendo sólo a esa etapa, sino que debe el Estado debe ocuparse de los eslabonas más altos de la cadena, el lavado de activos y la corrupción policial y sus vínculos con el delito, “los cuales permiten que el sistema ilícito perdure”.
Como contraparte, los jueces instaron a que se implementen políticas públicas (fundamentalmente, de salud y educación) destinadas a reducir el consumo de estupefaciente y las adicciones que generan.
“En síntesis, se podrá combatir de forma eficaz el narcotráfico y reducir la criminalidad compleja recién cuando las acciones estatales (entre ellas, la aplicación del derecho penal) no estén destinadas únicamente a investigar y juzgar el narcomenudeo, sino también a todas las demás etapas (producción y distribución) en las que se desarrolla aquélla, al vínculo con la policía y al destino de las ganancias que genera toda la cadena de estos mercados ilícitos” continuaros.
Sin embargo, antes de cerrar su fallo en el que rechazaron la libertad de la sunchalense sospechada, agregaron que “esa necesidad de atacar las etapas superiores del narcotráfico, no implica que no se deba investigar y condenar a los responsables de las formas más pequeñas de comercialización (narcomenudeo), son las que generan las disputas territoriales y, en consecuencia, la violencia que padecen los vecinos y vecinas.
