(Por: Diario El Litoral) – El Gobierno nacional lanzó la licitación de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones (RFC), una iniciativa que tendrá impacto directo en provincias clave del sistema productivo, entre ellas Santa Fe.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 174/2026y representa el tramo final del proceso de reorganización de la red vial concesionada.
El anuncio fue realizado por Vialidad Nacional, organismo que tendrá a su cargo la supervisión y el control de los contratos. La convocatoria es pública y abierta a empresas nacionales e internacionales interesadas en operar corredores viales estratégicos.
Aunque la licitación tiene alcance nacional, Santa Fe aparece como una de las provincias más relevantes dentro del nuevo esquema por su posición geográfica y su peso en el transporte de cargas.
La red vial que atraviesa el territorio santafesino es clave para la salida de exportaciones agroindustriales y la conexión entre el norte, el centro y los puertos del Paraná.
En esta etapa se incorporan más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en ocho tramos.
Si bien el detalle técnico se definirá en los pliegos, el rediseño del sistema incluye corredores utilizados habitualmente por el transporte que circula por Santa Fe, lo que podría traducirse en cambios concretos para usuarios y empresas de la región.
La provincia concentra algunos de los nodos logísticos más importantes del país, como el Gran Rosario y su complejo portuario, además de rutas que conectan con Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y el norte argentino. Por eso, cualquier modificación en el sistema de concesiones repercute en la actividad económica local.
Desde el Gobierno nacional sostienen que el objetivo es elevar los estándares de mantenimiento, mejorar la seguridad vial y garantizar servicios más eficientes en rutas de alto tránsito. En el caso del Litoral, esto se vincula directamente con la competitividad de las economías regionales.
Uno de los ejes centrales de la Red Federal de Concesiones es el cambio en el esquema de financiamiento. Según se informó oficialmente, el nuevo sistema no contará con subsidios del Estado nacional y se sostendrá con inversión privada.
La decisión implica dejar atrás un modelo en el que el Tesoro debía cubrir déficits operativos de algunas concesiones. En su lugar, el Gobierno apuesta a atraer capitales privados para financiar obras, mantenimiento y operación de los corredores.
Para provincias como Santa Fe, donde el flujo de transporte pesado es constante, el cambio genera expectativas y también interrogantes. Por un lado, se espera que la mejora en la infraestructura reduzca tiempos de traslado y costos logísticos. Por otro, sectores productivos y usuarios siguen de cerca cómo impactará el modelo en peajes y condiciones de servicio.
Vialidad Nacional continuará como autoridad de aplicación, encargada de fiscalizar el cumplimiento de los contratos y verificar que se respeten estándares técnicos y de seguridad. El organismo también tendrá facultades para intervenir ante eventuales incumplimientos.
