(Por: Rafaela Noticias) – Dos mujeres llegaron a un departamento de Sunchales para reclamar dinero. Según una de las personas que estaba allí, el conflicto se relacionaba con una supuesta venta de pastillas trituradas en lugar de cocaína. Las mujeres dieron otra explicación: afirmaron que habían sido convocadas para brindar un servicio sexual, pero que, al llegar, encontraron una situación distinta de la acordada y se fueron sin cobrar.
Lo que comenzó como un reclamo terminó, según la acusación fiscal, con amenazas con un cuchillo, destrozos en un departamento y un hombre golpeado en la cabeza con un tronco.
La causa tiene como imputados a Martina L., Karen F. y Franco C., acusados de violación de domicilio, hurto, amenazas calificadas y lesiones leves dolosas. Durante la audiencia, el fiscal Juan Manuel Puig pidió que los tres permanecieran detenidos, mientras que la defensora Victoria Romano cuestionó la interpretación de los hechos y reclamó medidas alternativas a la prisión.
El juez Gustavo Bumaguin escuchó también a las víctimas y a los imputados. Finalmente, ordenó la prisión preventiva sin plazos al considerar que existían elementos suficientes para sostener provisoriamente las imputaciones y que persistían riesgos procesales.
Dos versiones sobre el origen del conflicto
De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el primer episodio ocurrió durante la noche del 14 de octubre, en un departamento de calle Lainez. Las dos mujeres habrían ingresado por la fuerza y amenazado con un cuchillo al propietario, mientras reclamaban una deuda.Ademàs intentaron robarle el celular.
El hombre sostuvo que no tenía ninguna deuda con ellas y que se habían equivocado de domicilio. Después de ese primer enfrentamiento, las mujeres se dirigieron al departamento vecino, donde se encontraban un hombre y una mujer.
Al verlas llegar, la mujer se refugió en el baño. Según la acusación, las visitantes reclamaron al hombre una suma que ubicaron entre los 30.000 y los 60.000 pesos y lo amenazaron con el cuchillo que le habían robado al vecino anterior. Luego se retiraron sin obtener el dinero.
Fue precisamente la mujer que se había escondido en el baño quien aportó una explicación sobre el origen del reclamo. Según su versión, el conflicto estaba relacionado con una supuesta venta de drogas: en una oportunidad le habían ofrecido pastillas trituradas en lugar de cocaína y, después de que ella se negara a comprar más, habrían ido a exigirle dinero bajo el argumento de una deuda.
Las mujeres rechazaron esa interpretación. Durante la audiencia aseguraron que no se dedicaban a vender drogas y que habían sido contratadas para prestar un servicio sexual. Según su relato, cuando llegaron al departamento encontraron que, además del hombre que las había convocado, había otra mujer, algo que no formaba parte de lo que habían acordado. Por ese motivo, dijeron, pidieron cobrar e irse.
Las imputadas también denunciaron que el hombre que las había contratado las manoseó y las amenazó. De esa manera, mientras una de las versiones ubicó el origen del conflicto en una disputa relacionada con drogas, la otra lo presentó como un desacuerdo por un servicio sexual que no habría sido pagado, acompañado de situaciones de violencia contra las mujeres.
La defensa de Romano sostuvo que sus representadas no vendían drogas y pidió que sus conductas fueran evaluadas teniendo en cuenta el contexto que describieron. La Fiscalía, en cambio, puso el foco en las amenazas y en lo que ocurrió cuando las mujeres regresaron al lugar.
El regreso con dos hombres y los destrozos
Según la acusación, durante la madrugada del 15 de octubre las dos mujeres volvieron al departamento acompañadas por dos hombres. Uno fue identificado como Franco C.; el otro no pudo ser identificado.
El reclamo habría escalado entonces hasta convertirse en un episodio de mayor violencia. La Fiscalía sostuvo que el grupo provocó destrozos en puertas y vidrios y que, cuando el hombre se negó a entregar el dinero, uno de los acompañantes lo golpeó en la cabeza con un tronco.
La lesión le provocó un corte de aproximadamente cinco centímetros que necesitó sutura. Durante la audiencia, la víctima describió los daños y aseguró que los visitantes estuvieron varios minutos rompiendo elementos del inmueble. También contó que pidió que llamaran a la Policía y manifestó que sintió que podían matarlo.
Para sostener su acusación, el fiscal Puig presentó imágenes de cámaras de seguridad que, según su interpretación, mostraban a cuatro personas llegando y retirándose del lugar. También señaló coincidencias entre la vestimenta registrada en las imágenes y la que se vinculó con uno de los sospechosos.
La defensora cuestionó que la conducta de las mujeres se analizara sin considerar lo que, según sus representadas, había ocurrido antes del regreso. Sostuvo que ambas habían sufrido violencia y que la presencia de los hombres debía comprenderse dentro de ese conflicto. También pidió que pudieran continuar el proceso en libertad, con medidas como la fijación de domicilio y presentaciones periódicas ante la Policía.
Puig rechazó que el supuesto origen de la deuda justificara lo sucedido. Para el fiscal, más allá de cuál hubiera sido el motivo del reclamo, la secuencia incluyó amenazas con un arma blanca, daños y una agresión física que debían evaluarse por su gravedad y por el riesgo que podían representar para las víctimas.
Hacía 15 días que salió de la cárcel
La investigación sumó otro episodio durante la mañana del 15 de octubre. Según la acusación, Franco C. fue encontrado cuando salía de una vivienda de calle Chacabuco, a la que habría ingresado sin autorización. Ese hecho también fue incorporado a la causa como violación de domicilio.
De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, para ese momento el hombre ya era buscado por los hechos violentos ocurridos en el departamento de Lainez. La Fiscalía vinculó ambos episodios a partir de las imágenes de seguridad, la vestimenta y el reconocimiento que habría realizado la víctima de la agresión.
La situación procesal de Franco C. tuvo un peso particular al momento de discutir si debía continuar detenido. El fiscal señaló que había cumplido una condena de tres años de prisión efectiva por delitos vinculados con robos, hurtos y encubrimiento, cuyo vencimiento se había producido en julio. Además, indicó que unos quince días antes había estado detenido durante 30 días en otra causa.
El juez Bumaguin también puso el foco en el domicilio que el imputado había informado en una instancia anterior. Según lo planteado en la audiencia, la defensa había comunicado que hacía aproximadamente cinco meses que ya no vivía allí. Para el magistrado, esa circunstancia generaba dudas sobre dónde podía ser localizado y constituía un indicio de peligro de fuga.
Por qué seguirán detenidos
Al fundamentar su decisión, Bumaguin aclaró que no estaba resolviendo la culpabilidad o inocencia de los acusados, sino evaluando si existían elementos suficientes para sostener las imputaciones en esta etapa del proceso.
El magistrado consideró acreditada provisoriamente la existencia de los hechos y la participación atribuida a los tres imputados. También cuestionó la versión defensiva y observó inconsistencias en los relatos de las acusadas. Entre otros puntos, indicó que ninguna de las mujeres había consignado ser trabajadora sexual al aportar sus datos personales durante la audiencia, algo que luego sí mencionaron para justificar su presencia en el departamento donde se produjeron los incidentes.
En relación con Franco C., Bumaguin valoró la incertidumbre sobre su domicilio, sus antecedentes y la posibilidad de que no pudiera ser localizado. Respecto de las dos mujeres, puso especial énfasis en el riesgo de entorpecimiento probatorio.
El juez sostuvo que era necesario proteger a las víctimas para que pudieran declarar en un eventual juicio sin sufrir presiones. Consideró especialmente relevante que los hechos denunciados hubieran ocurrido en sus domicilios y que, según la acusación, se hubieran utilizado amenazas y violencia para reclamar dinero.
Finalmente, concluyó que los riesgos procesales continuaban vigentes y que las medidas alternativas propuestas por la defensa no eran suficientes para neutralizarlos. Por ese motivo, dispuso la prisión preventiva sin plazo para Martina L., Karen F. y Franco C.
