La repentina decisión del actual mandatario Gonzalo Toselli de decidir la implementación del uso obligatorio de casco en motocicletas obliga al análisis de dicha medida.
Por una parte, lógico es respaldar aquellas acciones que tiendan al cuidado integral de la comunidad pero es sumamente difícil de llevar esto a cabo si antes -como en este caso- no se les explica cuáles son las ventajas que apareja a una persona el cumplir con esta legislación nacional.
Por otro lado está también la fecha en la cual se toma dicha resolución. A poco más de una semana de abandonar el poder local, el costo político que se evitó tener a lo largo de cuatro años de gestión puede terminar siendo mucho peor. Más si se tratara de una medida inconsulta con quienes lo estarán sucediendo.
A partir de estos dos postulados se desprenden una serie de consideraciones, a saber:
– ¿Quién va a utilizar casco si nadie está informado sobre dicha obligatoriedad?
– ¿Cómo se va a sancionar a los infractores si los responsables de dicha área desconocen la puesta en marcha de la medida?
– ¿Qué se hará con quienes no tengan casco? ¿Se dejará continuar con la circulación, tras la multa (o sea en la misma situación de infracción)? ¿Se retendrán los vehículos sin tener un sitio dónde alojarlos?
– ¿Qué tipo de cascos se pueden utilizar? Difícil sin información.
– ¿Junto con el casco, se pedirá definitivamente el carnet y otras obligaciones visiblemente incumplidas por la gran mayoría de las motos que circulan hoy en día?
Estas serían algunas de las preguntas correspondientes a la parte «práctica» de la cuestión. Obviamente, no sirve de mucho tener en cuenta las consideraciones de los actuales responsables del área puesto que se desconoce aún quién los reemplazará en breve y qué puntos de vista tendrá sobre el particular (agregamos que, a una días del recambio, aún nadie se contactó para comenzar a interiorizarse del funcionamiento de la sección).
Claro que esto no es lo único. También está la otra parte, la política. Esta es sumamente jugosa a partir de tan solo una pregunta:
– ¿Qué impulsó a Toselli a decidir la aplicación ahora y no cuatro años antes si nada cambió? ¿Por qué no lo hizo en cualquier mes de su gestión y en todo caso entregaba junto con el mando, una resolución en marcha?
Como en todo cuestionamiento político, hay tantos puntos de vista como vista tiene un punto. Aquí no existe la neutralidad, todo tiene una motivación. Es en el descubrimiento de ésta que encontraremos las reales razones para sorprender con una medida de gran impacto social sin que medie explicación ni información sobre la misma.
– Puede ser que justo se le venció el carnet a Toselli y al ir a renovarlo, leyó que en el código de Tránsito local existe esta disposición desde antes de 2000 y consideró bueno aplicarla bajo el criterio: más vale tarde que nunca.
– Puede estar preprarándola en realidad para aplicarla en un hipotético retorno dentro de cuatro años al poder local. Si para alquilar un lugar donde resguardar los vehículos retenidos estuvimos más de tres años, llevar esto a las calles terminará de darse a mitad del próximo mandato.
– Puede que haya comprado una moto y como le vendieron junto el casco, no quiso desperdiciarlo ni tampoco ser el único en usarlo.
– Puede que, como el «costo político» podía llegar a ser alto (como aparentemente el de la retención vehicular entre otras medidas de importancia no tomadas), optó por cargarlo a la «mochila de la herencia», estableciendo un día de inicio para que no haya vuelta atrás. En este caso y de tan rápido que se tomó la decisión, se olvidó de informar a las autoridades de aplicación, a la gente y al próximo Gobierno, que será en los hechos el que deba hacer cumplirlo. Esto no es menor puesto que, si se retrasa, puede ser que a futuro, la ciudad no acepte su implementación y pida nuevas postergaciones. Pero también, si se aplica, el descontento y desconcierto puede ser igual o más problemático.
Claro que eso será una situación a definir por otros. El regalito, con forma de casco, ya está esperando debajo del arbolito.
