Asistieron por Atilra el Secretario de Cultura, Prensa y Propaganda del Consejo Directivo Nacional, Juan José Alberto Cortéz, junto a María de los Ángeles Perasso, Vocal Titular del mismo cuerpo, además de directivos de Seccionales e integrantes del área administrativa asignados al tema.
Durante el transcurso de la sesión hicieron uso de la palabra el Secretario General de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, la coordinadora de la OAVL del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Patricia Sáenz, la vicepresidenta de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Estela Milagros Ferreirós y cerró la jornada el titular de la cartera laboral, Dr. Carlos A. Tomada. Se presentaron los resultados de un trabajo realizado por las entidades gremiales y la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
El Secretario General de Atilra, Héctor Ponce, remarcó que “nuestra organización entiende que la violencia laboral es una forma de abuso de poder que tiene por finalidad someter o excluir a un trabajador o trabajadora de su lugar de trabajo. Puede presentarse como agresión física, acoso sexual o acoso psicológico. Con diferentes variantes se encuentran afectados tanto varones como mujeres”.
Durante la sesión los dirigentes coincidieron en que la violencia laboral puede provenir tanto de niveles jerárquicos superiores, de los propios pares o presentarse en un sentido ascendente, de un nivel inferior a un nivel superior. Todo acto de violencia laboral configura una violación a los derechos humanos y en particular a los derechos laborales. Atenta contra la dignidad y la salud psicofísica de las personas e impacta en su entorno familiar y social así como en la organización laboral y en la sociedad en su conjunto.
Desde el año 2007, cuando se creó la OAVL, a la fecha se han asistido más de 5.000 consultas y denuncias de trabajadoras y trabajadores por situaciones de violencia laboral. Además, la OAVL ha venido desarrollando estudios de base sobre la problemática y articulado su trabajo con otros organismos del ámbito público nacional, provincial y local así como con el sector gremial y los empleadores.
Atilra, con su trabajo diario y su participación en la OAVL del MTEySS reafirma de este modo el compromiso irrenunciable que está en su concepción misma: la defensa de sus representados, en todos los ámbitos y en todos los niveles ya existentes como futuros de la vida laboral y social.
En la Declaración contra la Violencia Laboral las Organizaciones Gremiales firmantes expresaron que «en el marco de nuestro proceso de debate y búsqueda de condiciones laborales justas y dignas, queremos hacer llegar a este honorable Congreso de la Nación la siguiente petición: nuestras organizaciones vienen luchando desde hace tiempo, contra todo tipo de atropellos y abuso de poder en nuestros ámbitos laborales. Entendemos que la violencia laboral quebranta la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores y la falta de una legislación que la impida y que proteja a las víctimas, da lugar a todo tipo de arbitrariedad y abuso de poder. Si tomamos las estadísticas a nivel mundial, en cuanto las graves consecuencias que generan el maltrato laboral y el avasallamiento de los derechos humanos, observamos cómo se incrementa el deterioro de la salud psicofísica de los trabajadores y de sus familias. La falta de reconocimiento al trabajador, la desvalorización y el desarrollo de sentimientos de impotencia, entre otras. Señoras y señores miembros del Poder Legislativo: Trabajadoras y trabajadores de distintos gremios venimos llevando adelante con una misma voz y un mismo compromiso, un camino al servicio de la solidaridad, la participación y el compromiso a favor de una ley que defienda efectivamente los derechos humanos en los ámbitos laborales. En este marco, es donde debemos todos ubicar nuestra actividad. Pensar hoy en una legislación contra la violencia laboral es vital. Por todo ello, las organizaciones sindicales firmantes, solicitamos a los miembros del poder legislativo, el tratamiento y posterior aprobación de una Ley contra la violencia laboral. La sanción de una ley sobre violencia laboral, que garantice la igualdad de derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, que promueva políticas públicas concretas orientadas a su erradicación, que garantice la protección a los damnificados y determine las responsabilidades que pudieran corresponder».
