(Por: Ricardo Lasca) – El peaje de mantenimiento con cabinas de cobro en rutas existentes pagadas con nuestros impuestos, implementado en la provincia de Santa Fe, como así también en las rutas Nacionales y otras Provincias, representa un ejemplo claro de un déficit institucional que afecta el funcionamiento de nuestro País como República, y que se traduce en un perjuicio económico de proporciones, no sólo para el sector agropecuario-forestal, sino para toda la sociedad en su conjunto, y que por lo tanto se hace imprescindible solucionar.
El tema se refiere, entre otros problemas e irregularidades, específicamente a las tarifas de peaje aprobadas por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, para ser cobradas por los Concesionarios a los usuarios de la infraestructura concesionada. Según la Ley Nro. 11.204 , tales tarifas no deben superar el valor económico del servicio ofrecido, lo que en el lenguaje común, está representado por el ahorro que el usuario debe recibir en razón de las obras de mejora que el Concesionario está obligado a efectuar sobre la infraestructura, en razón de la concesión.
Es decir, que el cobro de la tarifa de peaje, es una contraprestación por un ahorro real que recibe el usuario, y nunca la tarifa lo debe superar. Desde ya que este ahorro se puede medir, y existen metodologías aceptadas al respecto, todo lo cual significa un conocimiento técnico, disponible a través de profesionales especializados en ingeniería económica de transporte.
Conviene tener en claro la importancia de este tema tarifario. En efecto, si la tarifa de peaje no cumple con la Ley vigente, ni con las reglas de arte de la ingeniería económica de transporte, tal cual ocurre desde la implementación del sistema de peaje en la Provincia de Santa Fe, no sólo no hay ningún ahorro excedente para el usuario, sino que no se puede bajar el costo de transporte, y ésta es justamente la función económica fundamental de la obra de mejora vial encargada al Concesionario. Una de las principales funciones del camino es generar riquezas o beneficios económicos para toda la sociedad en su conjunto, fundamentalmente a través de la baja en el costo de transporte.
La disminución del costo de transporte mediante la mejora permanente de la infraestructura correspondiente, es objetivo irrenunciable de los Países, por la importancia que tal disminución tiene en la promoción económica regional.
Lo que sucede en la Provincia de Santa Fe, es que distintas Entidades de usuarios (del argo, industria, comercio, transportistas de cargas y pasajeros, profesionales, vecinos, entre otros), apoyadas por expertos en el tema, sostienen con razón que las tarifas aprobadas por el Poder Ejecutivo Provincial son ILEGALES, ya que son superiores a los ahorros, y en consecuencia no cumplen con la Ley de peaje vigente ni con las reglas de arte de la ingeniería económica de transporte; por lo tanto no hay ahorros excedentes, no hay disminución del costo de transporte (todo lo contrario, hay incremento), y no hay promoción económica regional.
En las condiciones actuales, hay pérdida económica y las tarifas deben ser corregidas, para revertir la situación.
Es importante destacar, que el propio ex Secretario de Servicios Públicos de la Provincia, Ing. Edgardo Berli, durante la gestión del ex Gobernador Carlos Reuteman, reconoció públicamente en una nota realizada por el diario Castellanos de Rafaela en el año 2000, que no se habían realizado los estudios técnicos correspondientes que fundamentaran las tarifas de peaje que se están cobrando desde el inicio de las concesiones. Es realmente increíble que a pesar de estas afirmaciones hechas por un Funcionario Público del Gobierno de Santa Fe, nadie haya tomado las medidas necesarias para suspender el cobro de peaje que es claramente ilegal.
La prueba del hecho observado en la realidad del mercado de transporte, es que al implementarse este falso peaje o impuesto al tránsito, los fletes del transporte de cargas por camión aumentaron , en lugar de haber disminuido si las tarifas hubieran cumplido con lo que marcan las leyes de peaje vigentes. Un ejemplo muy claro de nuestra afirmación en cuento a que el peaje actúa como un nuevo costo, es por ejemplo, que por Disposición 949/91 de la Provincia de Buenos Aires, se autoriza a trasladar el costo de la tarifa de peaje al transporte público de pasajeros, reconociendo las misma autoridades que el peaje es un costo y no el pago de una contraprestación real ofrecida, como así también los descuentos claramente discriminatorios implementados en las Rutas Nacionales, donde tanto los ómnibus como los camiones cuentan con un 100 % de descuento en las tarifas, es decir que no abonan peaje; sólo pagan los vehículos livianos como automóviles o camionetas. Estos son claros ejemplos que el peaje es un nuevo costo o un impuesto al tránsito, ya que si el sistema fuera tan beneficioso, no debería haber privilegios para ciertos usuarios viales.
Frente a éste reclamo de los usuarios, el Poder Ejecutivo Provincial hace oídos sordos y no toman las medidas para corregir esta situación.
El Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe y la Legislatura correspondiente , son los que a través de Comisiones Especiales, deben actuar para resolver el problema suscitado, con todas las facultades para asistirse mediante especialistas y realizar aquellas audiencias que permitan conocer las posiciones de todas las partes, y en definitiva proceder a arbitrar de manera de adoptar la solución que basada en fundamentos técnicos, económicos y legales, pruebe ser la que responde a satisfacer la necesidad y conveniencia públicas, es decir, de la comunidad en su conjunto.
Para peor, no existen Entes Reguladores, que contemplen la participación activa, con voz y voto de los usuarios viales. Justamente el tema tarifas es manejado directamente por parte del Poder Concedente.
Esto es precisamente el déficit instítucional inaceptable a que hacemos referencia, y al que nos referimos en un principio. El Poder Ejecutivo Santafecino y la Legislatura correspondientes no actúan como árbitro eficiente en los términos mencionados y cuando la importancia de los reclamos así lo justifique. La consecuencia es que las situaciones planteadas subsisten en el tiempo, y no existe ninguna garantía institucional de diagnóstico cierto de errores y menos de gestión práctica que corrija los mismos.
Sin embargo, la respectiva Legislatura provincial, constitucionalmente tiene a su cargo dentro del poder republicano, la tarea de control de los actos del Ejecutivo, y más aún, cuando por ejemplo, existen Comisiones de Obras Públicas, de Transporte, etc., Defensor del Pueblo, entre otros, con el objeto de asegurar que se respete el interés general. El reclamo de los usuarios sobre la ILEGALIDAD de las tarifas de peaje y sus perjuicios, cae en su jurisdicción.
Cabe señalar que lamentablemente, tanto a nivel Nacional como en otras Provincias, este régimen nefasto de falso peaje es aplicado en todas las Rutas, cobrando tarifas que carecen de toda lógica desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte, ocasionando más perjuicios económicos a toda la comunidad.
Es por ello, que desde el CONADUV se viene exhortando a terminar con este sistema inédito en el mundo de peaje para mantenimiento, e implementar un verdadero Proyecto Vial Nacional que contemple toda la red caminera del País, eliminado las cabinas de peaje existentes, y reasignando los fondos que se recaudan de la Tasa al Gas-oil que suman más de $ 1.800 millones anuales, y que fue creada para eliminar las cabinas de peaje y hacer obras de infraestructura. Lamentablemente dichos fondos son destinados a otros fines en concepto de subsidios y compensaciones para favorecer grupos de poder. Asimismo, se cuenta con más de $ 4.500 millones anuales de Impuesto a los Combustibles, de los cuales sólo entre un 3 a 5 % son destinados a las vialidades provinciales. El peaje tal cual está implementado en nuestras rutas es antieconómico por la baja densidad de tránsito que hace que no llegue plata de la recaudación al camino y se gaste principalmente en el mantenimiento de las cabinas de peaje que tienen un elevado costo. Por otra parte es claramente inconstitucional al no existir caminos alternativos libres de pago, e ilegal ya que las tarifas no cumplen con las leyes de peaje vigentes a nivel Nacional como Provincial.
En definitiva, parece ser que sólo falta coraje, decisión y voluntad política para defender el interés general, y asumir las tareas que demanda la solución del déficit que menciona esta nota.
Lic. Ricardo Lasca – Frente Agropecuario Nacional (FAN)
Coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV)
(011) 15-4435-9162
Bs.As. 26-07-07
CADIA-Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos-CONINAGRO Confederación Intercop. Agropecuaria Coop. Ltda..-CELADI Cámara Empr. de Transp. de Pasajeros de Larga Distancia-FAA Federación Agraria Argentina-Federación Centro y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales-CATAC Confederación del Transporte Automotor de Cargas-FAN Frente Agropecuario Nacional-FEDECAMARAS-CGP Confederación Gral. de la Producción-CGE Confederación Gral. Económica-CATET Cámara Argentina de Transportadores con Equipos Tolvas-Comisión de Vecinos de Mercedes-Bs.As.-Federación del Personal de Vialidad Nacional-APYME Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios-Comisión Autoconvocada Ciudadanos Perjudicados de Chascomús-Cooperativa Diesel Ltda..-PROCONSUMER Asoc. Protección Consumidores del Mercado Común del Sur-APYMEV Asociación Pequeños y Medianos Empresarios Viales-CEYMATT Centro de Estudio e Investigación del Medio Ambiente, Tránsito y Transporte-DEUCO Defensa de Usuarios y Consumidores
