La misma, que se reproduce a continuación, fue presentada en el II Seminario Internacional «Prevención de accidentes de tránsito ¿Un compromiso de todos?», siendo leída por Néstor Abatidaga como un de los representantes del Comité Asegurador Nacional, organizador del evento.
En Argentina inauguramos el año de la Seguridad Vial con una mayor cantidad de fallecidos por accidentes de tránsito que en períodos anteriores.
Pero este problema es de larga data. Ya en 1986 se lo consideraba la primera causa de muerte en la franja etaria que va de uno a treinta y cinco años.
Actualmente nuestro país ostenta el triste privilegio de ser uno de los países del mundo con mayor cantidad de accidentes viales y lo que es más grave, con mayor mortalidad por evento a causa de los traumatismos derivados de estos hechos.
Este escenario movilizó al sector asegurador para abrir un ámbito donde expresar, no sólo la preocupación por la situación actual, sino también el aporte de los distintos sectores, tendientes a amalgamar sus esfuerzos y abordar integralmente el problema.
Para atender esta problemática, consideramos, se requiere:
Un cambio de paradigma: porque el concepto de accidente como acontecimiento fortuito, azaroso, imposible de prevenir, debe cambiarse por el de accidente como acontecimiento que tiene antecedentes causales, donde la impericia, la negligencia y la imprudencia, todos ellos atribuibles al factor humano, influyen en su desenlace.
Plantear el tránsito como una problemática muy compleja: en donde confluyen una red vial desactualizada, la ausencia inexcusable del Estado en el ejercicio del control de la vía pública, la falta de transportes alternativos terrestres y una educación pública sin educación vial, a lo que se suma una ciudadanía en gran parte desprovista de conciencia preventiva adecuada al tránsito moderno.
Asignación de recursos: el emprendimiento de un programa de acción requiere la asignación de recursos (económicos, técnicos y humanos) y una autoridad que los administre para su correcta ejecución.
Poseer estadísticas siniestrales confiables: datos que reflejen en la forma más transparente posible la entidad del problema, observándose que actualmente circulan cifras procedentes de distintos ámbitos que carecen de rigurosidad científica y muchas veces están plagadas de intereses particulares.
Intervención estatal: se trata de un problema “sin fronteras” que abarca todas las jurisdicciones del país, por ende, se necesita la uniformidad legal, que es un requisito sine qua non para una política de estado sostenible a largo plazo. La permanencia y continuidad de los programas resulta indispensable para alcanzar el éxito. Una política de estado exitosa debe incluir la planificación urbana, legislación y fuentes de información unificadas, la educación vial para un uso responsable de la vía pública y un sistema de control y sanción adecuado para las transgresiones del tránsito.
El compromiso de todos los estamentos de la comunidad: la participación y aporte solidario de todas las organizaciones sociales y, en especial, de las asociaciones de carácter civil.
Propiciamos un enfoque formal, político institucional, jurídico y legislativo de una realidad de la Argentina que nos involucra a todos y que hoy se encuentra estancada por no disponer de un marco adecuado para su resolución.
Proponemos trabajar conjuntamente con el Estado, sus organismos competentes y las Organizaciones representativas del sector asegurador, para elaborar desde la realidad concreta y la pluralidad de opinión, las propuestas básicas que consoliden y pongan al servicio de toda la sociedad las herramientas que de una vez por todas den solución a este flagelo nacional.
El concepto de responsabilidad social empresaria del sector asegurador, hoy tiene la oportunidad de mostrar su importancia y eficiencia en un problema que afecta profundamente el tejido social y también el mercado del que se nutren las empresas aseguradoras.
El Estado, tiene la oportunidad de dejar de preocuparse por los accidentes y comenzar a ocuparse, para lo cual deberá tomar la decisión política e institucional y enfrentar el desafío, debiendo tener muy claro que las políticas de prevención de la siniestralidad vial constituyen un profundo ahorro de sufrimientos.
El sector público no puede enfrentar este problema sin la participación del sector privado, aunque se deberá entender que esa interacción y sinergia no deberá limitarse a que éste último solo realice aportes económicos, tal como ha sido hasta el momento, sino que el desafío implica planificar, coordinar, discutir y consensuar entre todos lo mejor para que disminuyan los accidentes y las tragedias en el menor tiempo posible.
Para que ello sea posible se necesita que el Estado asuma su rol insustituible de marcar el camino y fijar los objetivos.
