(Por: Prensa Antonio Riestra) – El diputado Antonio Riestra, Bloque Ari, ingresó a la Cámara baja un Proyecto de Ley regulando la Tarifa Social para los servicios para presta la Empresa Provincial de la Energía.
La fórmula propuesta es la siguiente: «Para los usuarios ubicados bajo las líneas de pobreza e indigencia, previo relevamiento socioeconómico, se instrumentará una tarifa social, con descuentos de hasta un 50 por ciento de la tarifa residencial, con un consumo de hasta 200 kw mensuales. El costo de este beneficio, en la facturación, será cubierto por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.»
La iniciativa incorpora el concepto de Tarifa Social en el propio Estatuto de la Empresa Provincial de la Energía, ley 10.014, art. 6, que regula los cometidos de la Epe, particularmente sus atribuciones y deberes.
Entre los fundamentos del Proyecto de Ley se considera a la energía eléctrica como un bien social, que hace a la calidad de vida de la personas y sus posibilidades de desarrollo.
También el diputado Riestra menciona «los esfuerzos que viene haciendo la Empresa Provincial de la Energía para encuadrar en su facturación a vastos sectores sociales, que no tienen regularizada su situación de usuarios, lo que contribuye a aumentar sus pérdidas técnicas. La inclusión de la Tarifa Social viene a reforzar, desde el punto de vista jurídico, la necesidad de incluir a determinados usuarios en un sistema donde puedan pagar por los servicios, y favorecer además la seguridad respecto al riesgo eléctrico. Además se contempla que sea el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia el área que se haga cargo de la diferencia de facturación. Actualmente es Renta Generales la que compensa los desequilibrios financieros de Empresa Provincial de la Energía. Creemos que este criterio transparenta aún más el funcionamiento y los fines sociales de la empresa estatal», concluye diciendo el Legislador provincial.
Cabe consignar que recientemente las autoridades provinciales estimaron en 100 mil los hogares que tienen una conexión ilegal en las líneas de la Epe, generando millonarias pérdidas. La idea entonces es integrar paulatinamente a esa masa de usuarios irregulares a los servicios de la Empresa, considerando su situación social, de pobreza o indigencia.
