(Por: V. C – Los Sin Techo) – En nuestra ciudad, el déficit habitacional, según los últimos registros, es de 1300 familias aproximadamente. O sea, hablamos de más de 5000 personas; es decir alrededor de un 25 % de la población.
Somos nosotros: los sin techo.
Actualmente alquilamos, o vivimos hacinados en casas de familiares cercanos en lo mejor de los casos, con todo lo que significa en términos de convivencia, especialmente, en cuanto al desarrollo armónico de los niños.
Los que alquilamos, nos encontramos a expensas del mercado inmobiliario, pagando valores sobrevaluados de la media real nacional, con montos superiores –notablemente superiores- a los mil pesos.
Y un alquiler es un negocio que no genera empleo, ni tributa impuestos y quita un circulante de dinero muy importante en la ciudad.
Nuestros grupos familiares se componen de trabajadores y empleados. Los ingresos más altos no superan los $ 4500; los que somos empleados de comercio no superamos lo $ 2000 y además muchos somos trabajadores en negro y nuestros sueldos oscilan entre los $200 y los $800. Si queremos acceder a un crédito para la compra o construcción de una vivienda, el sistema financiero requiere un ingreso superior a los $ 6.000.
Pero, como es lógico, para poder construir una casa, se necesita el terreno y hoy, el lote más barato es de $40.000. Esto significa, que es imposible acceder a la oferta del mercado inmobiliario para la compra del lote y de la financiación.
En esta situación es ineludible la presencia del Estado para lograr alguna salida y darnos una respuesta. En el caso de que el gobierno de esta ciudad ofrezca a los propietarios de terrenos la compra de los mismos, surge una pregunta: ¿Los dueños de las tierras estarían dispuestos a venderle al Estado? La respuesta es fácil: no. Porque cuando el Estado compra tierras para ser utilizadas para planes de viviendas, el sector que controla el mercado inmobiliario afirma que estas iniciativas los afecta negativamente, ya que se desvalorizan los terrenos circundantes.
Actualmente, se propone -como una medida paliativa frente a esta situación- la urbanización de terrenos y el aumento de tasas para los mismos. Esto significa que un propietario que actualmente tributa por hectárea $ 2.5 un terreno de área rural, pasaría a pagar $ 250 como área urbana. Entonces, si se le urbanizan 10 hectáreas, el propietario del terreno empezaría a pagar $ 30.000 anuales de tasas, que es el valor un lote. En 10 hectáreas salen unos 350 lotes aproximadamente, que en el transcurso de un año, algunos de los mismos pueden ser vendidos. Lo que significa, que al propietario, sí se lo moviliza para que realice un loteo, pero a valores altos de mercado. Si actualmente un lote vale $ 40.000, este puede bajar en algo, pero no creemos que caiga a menos de $ 30.000. En síntesis, a nuestras 1300 familias -descriptas anteriormente- no se les soluciona el problema.
Para poder realizar un plan de viviendas sociales se necesita un predio en el que se puedan sacar varios lotes, para que la construcción en serie sea rentable. El problema, es que el municipio local no cuenta con ningún terreno propio por que están todos en manos privadas. Entonces, para incorporar tierras al patrimonio municipal, el Estado (municipal) tiene que comprar terrenos pagando un valor razonable.
En caso de que sea inviable esta operación, se necesita recurrir a otros mecanismos legales que estén a su alcance, como la expropiación, -un procedimiento legal de rango constitucional que declara de utilidad pública a una cosa, en este caso a un terreno-, en el que se le obliga al propietario a vender, pagándole un valor convenido en una negociación (de ofertas y contraofertas) entre el Estado provincial y el dueño de la tierra, que no llega a ser el valor del mercado. La expropiación, no es una reforma agraria, como muchos la quieren interpretar, ni nada parecido a una actitud marxista (si ese es el problema), es una herramienta capitalista que surgió a partir del paso de la organización feudal al Estado moderno.
Desde los ámbitos ejecutivo y legislativo, se expresa que la expropiación es un mecanismo muy lento, que supera los 10 años. En realidad, los pasos son: dictar una ley provincial que requiere la aprobación en las dos cámaras (diputados y senadores), la promulgación por el ejecutivo provincial (gobernador) y la posterior negociación entre el fiscal del Estado provincial (abogado representante de la provincia) y el propietario del terreno. La aprobación de la ley lleva un período ordinario, un año, en el caso de que esté bien fundamentada (en nuestro caso, sobran fundamentos) y la negociación entre las partes (Estado/propietario) es relativa, puede durar un año más o 10 años más, depende de las voluntades políticas, principalmente. Hay casos de expropiaciones de casas, declaradas patrimonios históricos que no superaron los dos años.
Esta realidad, desnuda la falta de sensibilidad por parte de quienes nos gobiernan. Verdaderamente representan a un sector minoritario, dejando a la buena de algún hecho divino a los más necesitados.
No queremos que nos regalen una casa, queremos que se habiliten los canales necesarios que aseguren igualdad de oportunidades para comparar y que nos liberen de la especulación inmobiliaria.
