(Por: Rafaela Noticias) – La Justicia ordenó la demolición total de una vivienda en la ciudad de Sunchales, en el marco de una audiencia de “cese de estado antijurídico” vinculada a la Ley 23.737 (venta de estupefacientes). La medida fue dispuesta este miércoles por el juez Nicolás Stegmayer, quien hizo lugar al planteo del Ministerio Público de la Acusación.
La audiencia se llevó a cabo desde las 10:00 en la Sala N° 2 de los Tribunales de Rafaela, con la intervención de la fiscal Analia Abreu y el defensor Dr. Silvela. No hubo imputados en la causa, aunque sí participaron de manera presencial distintas autoridades y actores vinculados al caso, entre ellos el secretario regional del MPA, el intendente de Sunchales, representantes de la asesoría letrada municipal, personal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
En su resolución, el magistrado dispuso el cese del estado antijurídico conforme a la normativa vigente, ordenando la inactivación del inmueble mediante su demolición total. La propiedad está ubicada en la intersección de calles Falucho y Mitri (ochava suroeste), identificada como Falucho 597, en la ciudad de Sunchales.
La medida se sustenta en lo establecido por el Código Procesal Penal de Santa Fe y la Ley Provincial N° 14.239, y apunta a impedir la continuidad de actividades ilícitas en el lugar.
Cómo se ejecutará la medida
El fallo establece que el Ministerio Público de la Acusación será el encargado de coordinar, junto a autoridades provinciales y/o municipales, el procedimiento técnico para llevar adelante la demolición.
Antes de concretar la medida, deberá verificarse que no haya personas en el interior del inmueble. En caso de ser necesario, se ordenó la evacuación del lugar, autorizando el uso de la fuerza pública mínima indispensable.
Asimismo, se dispuso que cualquier bien mueble de valor que se encuentre en la propiedad deberá ser inventariado y resguardado por el MPA, garantizando los derechos de terceros que pudieran reclamar sobre ellos.
El juez también encomendó al MPA el monitoreo posterior del sitio, con el objetivo de evitar que se restablezca el estado antijurídico una vez ejecutada la demolición.
La decisión judicial representa una medida de fuerte impacto en el territorio y se enmarca en las acciones que buscan desarticular puntos vinculados a la comercialización de estupefacientes en la región.
