Lo hicieron a través de la Banca Ciudadana, la cual fue utilizada por Juan Manuel Chiappero en su rol de vocero de un grupo que reunió más de 1.100 adhesiones en la plataforma Change.org. Luego de repasar aspectos de su vida familiar y la radicación desde hace décadas en el barrio SanCor, hizo lo propio con el Amparo que se radicó hace seis años.
«Creo que la ciudadanía le está dando un claro mensaje a la clase política que es el de escuchar», dijo en un tramo.
En el transcurso de su exposición, también recordó que integrantes de la actual administración municipal, en su momento estuvieron apoyando el proceso de venta de este terreno para modificar su emplazamiento. Con fechas y datos históricos, recorrió el proceso que había incluido la firma de un boleto de compra – venta que finalmente quedó sin efecto, para adquirir otro sitio luego del rechazo recibido de parte de diferentes actores de la sociedad.
«Esto es lo que genera desconfianza en la comunidad», razonó al encontrar funcionarios que como se dijo, cambian de postura pero siguen siendo los mismos.
En el tramo final, el vecino puntualizó distintos aspectos. «Yo lo que veo es que no hay una estimación real del costo. He hablado con distintos actores y me han ido diciendo diferentes costos (…) ¿la Provincia va a poner dos mil millones de pesos para construir el Complejo Ambiental?», se preguntó, infiriendo sus dudas acerca de que en dos años, el Estado provincial aporte tamaña cantidad de fondos cuando no se han podido resolver situaciones históricas de necesidades hídricas locales.
«Vamos a estar dependiendo de subsidios de la provincia o endeudarnos para un Complejo que es un consorcio, no es para Sunchales sino todas las localidades de la zona», agregó, reconociendo que las obras se atrasan «ni sabemos quiénes son los funcionarios que trabajarán o quién los supervisará (…) discúlpenme pero soy muy escéptico».
«No entiendo el empecinamiento de llevar la planta a ese lugar, cuando podemos llevarla a otro lugar que sea apto. Tampoco se entiende la negativa, te dicen: lo vamos a hacer y punto», continuó.
Sobre el cierre llegaron las peticiones: «exijo que el Concejo Deliberante solicite copia certificada del Expediente Administrativo por el cual se autoriza el Complejo Girsu», depositándolo en la Secretaría del Concejo para que la ciudadanía tenga real conocimiento de la situación.
«También -pedimos- que se llame a una consulta popular para saber si la ciudadanía está de acuerdo o no en la instalación del Complejo Girsu en el lugar en el cual se pretende emplazar».
Hasta tanto esto ocurra, invocó el «principio de derecho ambiental, el principio precautorio», se suspenda el inicio de las obras.
Por último, ya hablando en su rol de abogado, anticipó que «si no recibimos respuesta, acudiremos a la Justicia y a los estamentos superiores».
En resumen, fue una sesión que dejó multiplicidad de dudas e inquietudes. Preguntas legítimas de vecinos preocupados que advirtieron que un proceso en una temática tan delicada como el tratamiento de basura, en un espacio relativamente cercano al casco urbano y pensado para varias décadas, estaba en marcha y que el mismo no cuenta con información accesible.
Será ahora momento de las autoridades de responder, dar a conocer lo que aquí se pidió y «convencer» con datos, estudios y habilitaciones a los vecinos de que este gran proyecto es factible y seguro de llevar adelante, mostrando también qué cambió respecto del anterior intento, más allá de la clara postura política de llevarlo adelante.
