La tradicional calma próxima al mediodía de la ciudad se vio alterada hoy con la presencia de un móvil de la Policía Federal, cuyos agentes se desplazaron hasta el interior del Palacio Municipal a fin de concretar con diferentes diligencias que se cumplimentan en el primer piso de la sede municipal.
De acuerdo a lo que pudo ir reconstruyéndose, los efectivos ingresaron y en Mesa de Entrada consultaron acerca de la presencia del Intendente Gonzalo Toselli. Acto seguido salieron nuevamente a la vereda ya con la certeza de que se encontraba en su despacho el mandatario local, requirieron de testigos ocasionales y volvieron a ingresar por la escalera principal.
A partir de allí, la presencia de agentes en la puerta de acceso y la no trascendencia de información fue la constante. No obstante, las primeras informaciones extraoficiales daban cuenta de que todo se efectuaba a pedido del juez Claudio Bonadío, estando a cargo de personal de la Subdelegación Rafaela de la Policía Federal.
Versiones periodísticas publicadas en la prensa provincial indican que hay procedimientos similares en Santa Rosa de Calchines, Gálvez, Llambi Campbell y otras localidades, y que en todos los casos se trataría de obtener documentación en relación con una causa que investiga el juez federal, descartando la figura de allanamiento y volcándola al pedido de información oficial.
Información oficial
Minutos antes de las 14 comenzó a circular un presunto comunicado oficial en donde se aporta algo de información acerca de los motivos del procedimiento, circunscribiéndolo a la gestión anterior. El texto que se viralizó a través de whatsapp y redes sociales, (no proveniendo de los canales oficiales habituales) señala lo siguiente:
Se informa que en la mañana del 23 de diciembre, agentes de la Policía Federal Argentina se apersonaron en el Palacio Municipal en búsqueda de documentación contable, en el marco de una investigación de la Justicia Federal.
El requerimiento era respecto de 4 facturas realizadas en el período de una gestión municipal predecesora, entre los meses de mayo y de octubre del año 2015.
El concepto expresado en las facturas es de “honorarios” y en el Oficio Judicial se solicita un detalle pormenorizado de los servicios realizados a favor de la Municipalidad, que constan en la documental requerida.
Las autoridades del Municipio brindaron inmediata colaboración con la investigación de la Justicia Federal que todavía está en curso.
